             |
 |
Prensa
2009
9 de diciembre
Día Internacional contra la Corrupción PNUD y UNODC invitan a sumarse a su campaña mundial “Súmate al NO” contra la corrupción
En Argentina la Oficina Anticorrupción apoya esta Campaña de Naciones Unidas
8 de diciembre
La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción, como una oportunidad anual de crear conciencia respecto de la corrupción y el modo de combatirla, así como de unirse a los esfuerzos de la ONU para enfrontar ese delito grave que debilita a las sociedades en todo el mundo.
En 2009, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) aúnan fuerzas en la campaña internacional contra la corrupción, cuyo objetivo es apoyar una postura positiva y proactiva para combatir este grave delito.
La campaña pone el acento en el papel activo de la ciudadanía, destacando el impacto de la corrupción en la vida cotidiana. En ese sentido, UNODC y PNUD instan a las personas a tomar conciencia de que cada “no” cuenta frente a un hecho de corrupción. Una serie de afiches ilustran estos enfoques, destacando que la corrupción perjudica el logro de los objetivos de desarrollo del milenio (ODM) en cuestiones como salud, democracia, educación, prosperidad, desarrollo y justicia.
Campaña y afiches de las Naciones Unidas “Súmate al NO” contra la corrupción:
http://www.unodc.org/yournocounts/es/print/index.html
http://www.unodc.org/yournocounts/
Texto de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en español:
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/04-56163_S.pdf
En Argentina, la Oficina Anticorrupción (OA) adhiere a esta campaña mundial, y, en sintonía con el espíritu de esta iniciativa, este organismo trabaja desde 2005 junto al PNUD (PNUD ARG/05/013, Fortalecimiento Institucional de la OA), para fortalecer las políticas preventivas de dicho organismo mediante tres componentes:
- Mapa de condiciones de Transparencia y Accesibilidad en las Contrataciones Públicas: esquema de fortalecimiento de la transparencia de las áreas y sistemas de compras y contrataciones públicas mediante la elaboración de un mapa de identificación de nodos problemáticos en el proceso de compras.
- Capacitación a Distancia (e-learning): “Sistema de Capacitación en Ética Pública” o “SICEP”, que permita a la OA actividades de capacitación para funcionarios de la Administración Pública Nacional.
- Formación Ética para Prevenir la Corrupción: actividades pedagógicas (cursos, talleres, seminarios, debates) para estudiantes de grado superior de instituciones de enseñanza media de todo el país, a sus grupos familiares y a sus docentes.
Proyecto: http://www.undp.org.ar/programa/Proyectos/ARG05013.html
En el marco del aspecto de formación ética de este Proyecto, entre las últimas publicaciones conjuntas del PNUD y la OA se destacan:
¿Y vos qué? Herramienta pedagógica para los contenidos transversales de Formación Ética y Ciudadana Guía para el docente.
Esta guía presenta una herramienta pedagógica al servicio de la materia Formación Ética y Ciudadana (FEC), cuyo objetivo es asistir en el tratamiento de estos temas, sirviendo como guía de trabajo y como complemento para estimular el debate en clase.
http://www.undp.org.ar/docs/Libros_y_Publicaciones/y_vos_que.pdf
Ética, Transparencia y Lucha contra la Corrupción en la Administración Pública.
Manual para el ejercicio de la función pública.
Su objetivo es contribuir a la difusión y al fortalecimiento de la transparencia en la Administración Pública, con una mirada sistémica sobre la corrupción y un abordaje integral de ética pública, transparencia y lucha contra la corrupción; informando sobre las principales herramientas, prácticas y mecanismos de prevención de la corrupción y fortalecimiento de la transparencia, y desarrollando una mirada compleja sobre las posibles soluciones a situaciones de desvío, integrando políticas y prácticas punitivas y preventivas.
http://www.undp.org.ar/docs/Libros_y_Publicaciones/LibroSICEP2daparte.pdf
Otras publicaciones: http://www.undp.org.ar/publi_gob_democ.htm
Acerca de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
La misión de la ONUDD es contribuir para el desarrollo socioeconómico de los países al promover justicia, seguridad, salud y derechos humanos. Para eso, apoya a los países y desarrolla actividades referentes a la prevención y el enfrentamiento a los delitos relacionados a las drogas, la trata de personas y la corrupción. Junto con el Banco Mundial, mantiene la Iniciativa Star, proyecto global de recuperación de activos que tiene como objetivo contribuir con los países a recuperar recursos perdidos en crímenes de corrupción.
Acerca del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
El PNUD es la red mundial de desarrollo de la ONU que promueve el cambio y conecta a los países con los conocimientos, la experiencia y los recursos para ayudar a las personas a forjarse una vida mejor. Para el PNUD, desarrollo humano es ampliar la capacidad de elección y la libertad de las personas, crear un entorno donde desarrollar su potencial, en plena satisfacción de necesidades e intereses. Nuestro mandato es contribuir al desarrollo de capacidades nacionales y la promoción de los derechos humanos, apoyando el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
En Argentina, el PNUD impulsa y provee apoyo técnico sustantivo y de gestión a más de 70 proyectos ejecutados por organismos gubernamentales y de la sociedad civil, en iniciativas tendientes al desarrollo de capacidades, en dimensiones como el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, la promoción de los derechos humanos, la reducción de la pobreza, el desarrollo productivo y social, la protección del ambiente, la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.
Acerca de la Oficina Anticorrupción
La Oficina Anticorrupción actúa preventivamente en Educación en Valores para los jóvenes, en el Sistema de Declaraciones Juradas de funcionarios públicos, en capacitación en Ética Pública, en asistencia técnica en contrataciones públicas. En el marco de su acción punitiva, implementa una política agresiva de recupero de activos producto de hechos de corrupción. En menos de un año la OA ha solicitado a la justicia la inmovilización, a través de embargos preventivos, de fondos sospechados de provenir de hechos de corrupción por un monto superior a los 116 millones de pesos, obteniendo preliminarmente, resultados favorables.
Al presidir la Delegación argentina en la Conferencia de Estados miembros de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (Doha, Qatar, 9 al 13 de noviembre), la OA sostuvo que “La lucha por mayor transparencia y contra la corrupción no es tarea sólo de un gobierno; requiere una amplia interacción entre el sector público y el sector privado, el compromiso de todos los niveles dirigenciales y una franca cooperación entre los estados. Los problemas de la corrupción son internacionales y se observan en todos los países del mundo. Ningún país, ningún gobierno se encuentra exento de este mal. Por eso, no se trata de trazar líneas que nos separen, al contrario, necesitamos integrarnos en un trabajo mancomunado.”
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
Aprobada en Mérida (México) en diciembre de 2003 y en vigencia desde el 14 de diciembre de 2005, esta Convención es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante contra la corrupción, la Convención ofrece una posibilidad extraordinaria de promover una respuesta mundial al vasto problema mundial de la corrupción.
Prevención
El capítulo de la Convención dedicado a la prevención contiene medidas de amplio alcance destinadas a los sectores público y privado. Se incluyen políticas preventivas modelo, consistentes, por ejemplo, en establecer órganos anticorrupción y aumentar la transparencia en la financiación de campañas electorales y partidos políticos. La Convención sostiene que los Estados deben velar por que sus funciones públicas estén sujetas a salvaguardias que promuevan la eficiencia, la transparencia y la contratación basada en el mérito, a la vez que, una vez contratados, los funcionarios públicos deberían estar sujetos a códigos estrictos de conducta.
A fin de prevenir el blanqueo del producto de la corrupción, la Convención pide que los Estados establezcan mecanismos encargados de examinar las transacciones sospechosas, analizar los datos financieros e intercambiar información.
También deben promoverse la transparencia y la obligación de rendir cuentas en asuntos de hacienda pública. Por ejemplo, se deben establecer requisitos concretos para prevenir la corrupción en esferas especialmente delicadas del sector público, como la adjudicación de contratos.
Los ciudadanos tienen derecho a esperar una gran probidad de los funcionarios públicos. Pero también deben implicarse personalmente en la prevención de la corrupción. Por esta razón, la Convención exhorta a los países a que alienten y promuevan activamente la participación de las organizaciones no gubernamentales y de base comunitaria, así como la de otros elementos de la sociedad civil, y a que despierten la conciencia pública ante la corrupción y lo que puede hacerse frente a ella.
Penalización
La Convención estipula que los países tipifiquen como delito una amplia gama de actos de corrupción, si éstos todavía no se consideran como tal en su derecho interno. Por ejemplo, exige que se penalice el soborno, la malversación de fondos públicos, el blanqueo de dinero y la obstrucción de la justicia.
Además, la Convención contiene una serie de disposiciones en respaldo de la penalización. Entre ellas figuran medidas para promover la cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y otros órganos pertinentes, e impulsar la elaboración de normas y procedimientos encaminados a salvaguardar la integridad de las entidades privadas. La Convención trata también el tema de la transparencia en el sector privado.
Recuperación de activos
Un avance importante fue que los países se pusieron de acuerdo sobre la recuperación de activos, que se señala expresamente como "principio fundamental de la Convención".
El descubrimiento y la recuperación de los activos robados es un gran problema. Se trata de un asunto particularmente importante para muchos países en desarrollo en que la corrupción de alto nivel ha volatilizado recursos públicos de los que existe aguda necesidad.
Para llegar a un acuerdo sobre este capítulo se requirieron intensas negociaciones, pues fue preciso conciliar las necesidades de los países que intenten recuperar activos ilícitamente adquiridos con las salvaguardias jurídicas y de procedimiento de los países cuya asistencia se solicite. En varias disposiciones se puntualiza la forma que han de adoptar la cooperación y la asistencia.
En particular, en caso de malversación de fondos públicos, los bienes decomisados se restituirán al Estado Parte requirente; cuando se trate del producto de cualquier otro delito contemplado en la Convención, los bienes se restituirán siempre que se acredite su propiedad o que el país en que se encuentren reconozca los daños causados al Estado requirente; en todos los demás casos, se dará prioridad a la restitución de los bienes decomisados al Estado Parte requirente, a su restitución a los propietarios legítimos anteriores o a la indemnización de las víctimas.
Mediante disposiciones eficaces sobre recuperación de activos se apoyan los esfuerzos de los países por corregir los peores efectos de la corrupción, al tiempo que se hace ver a los funcionarios corruptos que no habrá lugar donde puedan ocultar sus activos ilícitamente adquiridos.
Cooperación internacional
Eliminar la corrupción sería prácticamente imposible de no existir determinadas leyes y prácticas aplicables a los países y gobiernos de todo el mundo y aquí entra en juego la Convención contra la Corrupción.
A tenor de la misma los países han convenido en cooperar entre sí en todos los aspectos de la lucha contra la corrupción, incluso la prevención, la investigación, la recuperación de activos y el enjuiciamiento de los infractores.
Se trata de que los delincuentes no tengan dónde ocultarse ni puedan huir de sus países para vivir sin temor a ser procesados. Los países quedan obligados por la Convención a prestarse formas concretas de asistencia judicial recíproca en orden a reunir y transmitir pruebas para presentarlas ante los tribunales y extraditar a los delincuentes. También deben aplicar medidas que faciliten la localización, el embargo preventivo, la incautación y el decomiso del producto de la corrupción.
 |
 |
